El presidente Gustavo Petro sacudió, una vez más, el tablero político del país al abrir la puerta de convocar una asamblea constituyente por el estancamiento de sus reformas en el Congreso y varias decisiones del poder judicial que le han sido adversas a su Gobierno.
Al margen de la posibilidad real de embarcar a Colombia en un proceso de semejante magnitud cuando no ha podido siquiera hacer aprobar sus proyectos en el Legislativo, el Presidente cambió la agenda de la discusión política y revivió, entre sus opositores, el fantasma de querer aferrarse al poder con una posible reelección a través de un nuevo traje institucional.
Ese era, sin duda, el principal temor de buena parte de la sociedad durante la campaña de 2022, por lo que él mismo subrayó que una vez en el poder no iba a convocar jamás este mecanismo para modificar la carta magna.
“Yo no quiero una asamblea constituyente porque la Constitución del 91 me permite hacer los cambios que quiero hacer en el país”, le dijo a la periodista Ángela Patricia Janiot en una entrevista para la cadena internacional Univisión. “¿Cómo voy a cambiar lo que hicimos?”, preguntó el entonces candidato al reivindicar que el movimiento M-19 era padre de la Constitución actual.
Su negativa la expresó tanto en las campañas del 2018 como en la de 2022. Incluso reaccionaba molesto cuando se le preguntaba porque “eso no está escrito en mi programa” y él interpretaba que los medios de comunicación le insistían “para cimentar la idea” de que “iban a elegir a un dictador de izquierda”. Por eso, dijo, “mis compromisos escritos en mármol estarán en el despacho del presidente”. Allí se lee: “No convocaré a una asamblea constituyente”.
El viraje dado por el presidente es absoluto, al menos en la narrativa. En Puerto Resistencia, epicentro en Cali del estallido social de hace tres años, y ante la minga ‘Por transformaciones por la vida’ –convocada por indígenas de Cauca, Putumayo, Huila, Nariño y Valle– dijo el viernes que si las instituciones “no son capaces de estar a la altura de las reformas” que propone su gobierno, “entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”.
“La propuesta, reiteró en la mañana de ayer en su cuenta de X, desatará un debate nacional. Está bien que así sea”.
El Presidente puso el tema en un escenario que lo aplaudió. “A mí no me interesa que me abracen en el Club del Nogal, yo estoy contento cuando me abraza la indígena, el obrero en la calle o un niño en un barrio popular que sale corriendo y dice ‘Petro, Petro’, y me abraza porque sé que ahí hay una sinceridad, hay una comunicación. Los ricos nunca me van a amar, no me interesa eso, quieren es que el pueblo me odie porque saben que así nos tumban del Gobierno, porque su propósito es tumbarnos del Gobierno”, afirmó.
“Nosotros venimos de la Primera Línea y nos enorgullecemos. Nacimos de esta plaza (…) Nos han elegido para el cambio”, dijo.
Ante la multitud, además, el Presidente empezó a quemar las naves frente al acuerdo que él mismo planteó hace casi un año pero que no ha puesto a andar en el plano político: “Ya no es momento de un acuerdo nacional como propuse: Han echado tres senadores, me quedé sin cónsules en México, dijeron que María José Pizarro no puede estar en la mesa directiva (del Senado) y dicen que no hay persecución. Quieren tumbar los decretos”.
En este contexto, el Presidente reiteró la necesidad de cambio, un cambio que, según él, no ha sido posible, entre otros factores, porque “las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó, mandó y ordenó”. Sin autocrítica, por ejemplo, a la inexperiencia de su bancada en los trámites parlamentarios o al atrincheramiento político con sus alfiles, el Presidente tiene la tesis de que su triunfo en las elecciones debe traducirse en la aprobación de sus iniciativas o, de lo contrario, ir a una constituyente “para que obedezcan al pueblo en su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”. Las reacciones no se hicieron esperar.
“Dice el Presidente que la Constituyente se justifica porque no lo dejan gobernar. Eso significa que el problema, si existe, no está en la Constitución. Lo que habría que cambiar en tal caso es la forma de gobernar”, asegura el senador Humberto de la Calle, uno de los protagonistas de la Constitución de 1991.
“La tesis de que si no logro convencer a las otras ramas y controles entonces cambio la Constitución es una concepción que en vez de acentuar el Estado de derecho, lo debilita”, agrega quien fuera el ministro de la política cuando se firmó el texto que cambió la de 1886, que ponía al Estado por encima de los derechos de los ciudadanos. Fue promovida por Rafael Núñez, presidente de la época, y su principal redactor fue Miguel A. Caro.
De la Calle recuerda cómo era el país cuando se convocó a los ciudadanos para buscar una salida institucional al horror que sufrió el país hace un poco más de tres décadas. Colombia se despertaba cada tanto entre las explosiones de los carrobombas puestos por el cartel de Medellín que lideraban los capos del narcotráfico Pablo Emilio Escobar Gaviria y José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano.
Durante la campaña electoral para elegir al presidente en mayo de 1990 fueron asesinados cuatro candidatos: Jaime Pardo Leal (Unión Patriótica), Bernardo Jaramillo Ossa (Unión Patriótica), Luis Carlos Galán (liberal) y Carlos Pizarro Leongomez (Alianza Democrática M-19). Con el triunfo de César Gaviria, quien recogió las banderas de Galán, hubo un consenso de dar un salto institucional que consolidara la democracia y acabar ese mar de sangre.
La comunidad internacional volteó a mirar a un país que era capaz de sacudirse para sentarse a redactar un acuerdo social moderno. En su principio fundamental, establece que Colombia es un Estado social de derecho.
La discusión duró cinco meses, bajo la presidencia de Horacio Serpa, liberal; de Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional, y de Antonio Navarro, de la AD M-19. Fue admirable ver a Gómez y a Navarro entregados durante ese tiempo a buscar una carta que uniera al país, cuando tiempo atrás esta guerrilla había secuestrado al dirigente conservador.
Así, entonces, con la nueva carta se descentralizó el poder y se otorgó autonomía territorial, se reivindicó una democracia participativa y se estableció el principio del pluralismo, uno de los aspectos claves que permitió el reconocimiento de la diversidad de lenguas, culturas y etnias que hay en el territorio nacional.
“La Constituyente del 91 fue un triunfo de la sociedad civil que impulsó el mayor consenso político de nuestra historia. El problema hoy no es la Constitución, es la radicalización que asfixia el diálogo y los acuerdos”, asegura Fernando Carrillo Flórez, uno de los promotores del movimiento estudiantil de la séptima papeleta que hizo posible la convocatoria para llegar al tratado de 1991.
Hoy pasa lo contrario. “Sería una Constituyente para derrotar a alguien. Y eso es totalmente inconveniente porque lo que necesitamos es conjugar y no dividir”, dice De la Calle. “Es una renuncia al Estado social de derecho y a la democracia; es no querer actuar dentro de las reglas de juego de la Constitución, cuando los demás actores no están de acuerdo con él”, advierte la exconstituyente María Teresa Garcés, quien llegó por la AD M-19. “No luce necesaria una nueva asamblea constituyente”, coincide Navarro Wolf, el único vivo de los tres presidentes de la de 1991.
“La propuesta de constituyente del Presidente carece de sentido. Es innecesaria, inoportuna, contradictoria, inviable, inconveniente y riesgosa”, asegura el jurista y docente Rodrigo Uprimny.
La pregunta, entonces, para qué entrar en este terreno que en las circunstancias actuales se sabe por dónde se podría arrancar pero que es imposible de predecir cómo podría terminar. ¿Para una ley de punto final a los múltiples procesos que hoy mantiene abiertos el Gobierno con tan disímiles actores armados en su idea de alcanzar la ‘paz total’? Este beneficio se empezó a promover hace unos días por cuenta de algunos excombatientes de las Farc, en desacuerdo con decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que el Gobierno ha escuchado.
“La principal finalidad del Gobierno es llegar a la verdad de todo lo que ha ocurrido en el conflicto armado, reparar a las víctimas y que no haya impunidad. Si una ley llamada punto final es compatible con eso, podríamos analizarla”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Pero incluso en un asunto tan espinoso como este las herramientas legales están vigentes para hacerla a través del Congreso.
Además del incierto temario está la dificultad para pavimentar la ruta que lleve al país este nuevo terreno. Para convocar una asamblea constituyente, se necesitan los votos de la mayoría de los miembros del Congreso (es decir, 53 senadores y 95 representantes). “Eso no tiene ni pies ni cabeza. Si Petro no tiene apoyo para su reforma de la salud, mucho menos para convocar una constituyente. Una declaración descabellada que le quita credibilidad”, dice Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.
Sin embargo, los seguidores del Presidente se entusiasmaron con la idea. “Una constituyente es la salida democrática al conflicto entre las élites privilegiadas que quieren tumbar el gobierno y sabotear las reformas y el pueblo que votó por el cambio y reclama justicia social en los territorios”, dice Juan Carlos Upegui, excandidato a la alcaldía de Medellín y uno de los alfiles del cuestionado Daniel Quintero, entre los aspirantes a las elecciones de 2026 por la izquierda.
“Con el discurso del presidente Petro en Cali el viernes pasado nos queda claro qué es lo que quiere y para dónde va”, dice Gloria María Borrero, exministra de justicia y del derecho. “Quiere buscar todos los medios para reelegirse en el 2026. La concentración de la minga la usó o estaba preparada para eso; incluso había una gigantesca pancarta que decía ‘Sí a la reelección. Petro presidente 2026-2030”. El Presidente nunca ha dejado de hacer campaña y a raíz de sus fracasos de gobierno, que son muchos por no decir que todos, la ha intensificado en los últimos días”, agrega la exministra.
La propuesta no cayó bien entre quienes compitieron con Petro en la presidencia en 2022 y quienes participaron con él en debates en televisión en los que él era enfático en el rechazo esta posibilidad. Ni siquiera en quienes lo acompañaron en el gabinete. “Por fin anunció lo que siempre se sospechaba, su deseo de convocar una asamblea constituyente”, dijo Sergio Fajardo.
“Si no hacen lo que yo, expresión del pueblo, quiero, entonces cambiamos la Constitución. Es la confrontación abierta como cortina de humo para justificar la incapacidad de su gobierno”, añadió el dirigente del centro.
Mientras que para Federico Gutiérrez, hoy alcalde de Medellín: “el Presidente ha abierto una compuerta peligrosa para la democracia colombiana. Se le ha caído el remedo de máscara democrática con la que llegó al poder. Ha dejado ver su talante de dictador”.
“El 7 de agosto de 2022 yo juré defender esta Constitución y eso haré hoy y siempre”, dijo la exministra de Agricultura de Petro Cecilia López. “Tengo exactamente el mismo punto de vista”, afirmó el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Para ambos “la Constitución de 1991 tiene todas las herramientas para una transformación social”.
Y desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal llamó al presidente “mentiroso e izquierdista radical”. “Ayer negaba planes de una constituyente; hoy confiesa su intención de forzarla, impulsando reformas que solo traerán miseria y desolación”, dijo.
“El ánimo de destrucción de este Gobierno no tiene límite. Ni constituyente, ni destrucción”, aseguró, por su parte, Paloma Valencia. Paradójicamente, ella había intentado, sin ningún eco, promover una constituyente en 2020, con el argumento de que había que acabar con la JEP y con la ‘politización de la justicia’.
Con su Gobierno en líos no solo en el Congreso, sino por escándalos de corrupción como el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que tumbaron a su primer director, Olmedo López, el Presidente crea un escenario que difícilmente podría llegar a la realidad, pero que le permite “hacer campaña” y provocar a sus contradictores, escenarios donde se siente cómodo.
El hecho es que si la ley para convocar a la Constituyente llegara a pasar en el Congreso, habría control previo de la Corte Constitucional sobre asuntos de forma que incluyen, entre otros, si esa convocatoria de reforma constitucional tiene razones válidas.
Expertos como el senador De la Calle consideran que estas hoy no existen. Además, en todo ese proceso podría pasar un año entero o más, lo que supone una dificultad adicional para un gobierno que termina en agosto del 2026. Pero incluso si se superara ese escenario y se llegara a una votación, el umbral para la aprobación sería otra prueba de fuego.
Las normas exigen que una tercera parte del censo electoral vigente diga sí a la constituyente: serían algo así como 13,5 millones de votos pues hoy los ciudadanos habilitados para ejercer ese derecho son 40’292.068.
El presidente Petro logró en 2022 11,5 millones de votos (700.000 más que Rodolfo Hernández), pero sus candidatos –incluso en plazas como Bogotá, donde había sido alcalde y que fue clave en su victoria presidencial– sufrieron estruendosas derrotas en las elecciones regionales de octubre pasado. El terreno político no parece favorable para la idea del Presidente
